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Municipio de Santiago de Cali

PARTICIPACION CIUDADANA

La participación es un derecho fundamental de la persona cuyo ejercicio previene el abuso o la extralimitación del poder político y económico. Participar se traduce en un control que garantiza la legitimidad de las decisiones tomadas por los Gobernantes.

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ASI FUE LA ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA DE ASOEDILES CALI

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Copia de ACCIÓN POPULAR.doc (4,3 MB)

ENTREVISTA PAZIFICO NOTICIAS POT

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¿CUAL ES EL SALARIO DE UN EDIL?

Las Juntas Administradoras Locales, JAL, se crearon en Colombia en el año de 1968 por medio de un acto legislativo, fueron reformadas en 1986 y luego la Constitución Política de 1991 las legitimó en el artículo 318. Estas JAL son instrumentos de control, veeduría y administración municipal y un apoyo grande para los Concejos Municipales y las Alcaldías
Así, los sectores municipales se denominan Comunas o Corregimientos, de conformidad con lo que sobre esta materia disponga cada Concejo Municipal, corporación que a su vez podrá delegar en las respectivas Juntas Administradoras algunas funciones tendientes a ejercer de manera adecuada los objetivos que le asigna la ley.
Un edil es, básicamente, el enlace entre las comunidades, el Municipio y el Concejo, esa es la labor de este funcionario público que no recibe salario
La labor de los ediles, aunque son funcionarios públicos elegidos popularmente, no tiene una remuneración económica por parte de la Administración municipal, es una labor que ellos desarrollan más por amor a sus comunidades
En Bogotá, la capital de Colombia El Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 72, dispone: "A los ediles se les reconocerán honorarios por su asistencia a sesiones plenarias y a las de las comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos a aquellas. Por cada sesión a las que concurran, sus honorarios serán iguales a la remuneración del alcalde local dividida por veinte.
Los ediles no tienen vínculo con la Administración Distrital como empleados públicos ni como trabajadores oficiales, sino que ostentan la sola condición de servidores públicos miembros de una corporación administrativa de elección popular. De ahí que no tengan salario ni derecho a que les sea reconocida la prima técnica de que disfruta el Alcalde Local
Solo en algunas ciudades se les entrega honorarios, en el resto del país es Ad Honoren.

«Una Constitución no vive sino en el afecto de su pueblo y en el empeño cotidiano de activarla y defenderla»

ABRAHAM LINCOLN 

ARTICULO 95 CONSTITUCION NACIONAL COLOMBIANA

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

DIFERENCIA DE JAL Y JAC

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EDILES DE MEDELLIN SE VUELVEN VISIBLES Y LOS DE CALI CUANDO

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¿SABES QUE ES UN EDIL?

Los Ediles son servidores públicos de elección  popular e integrantes de la corporación pública Juntas Administradoras Locales (JAL). Sus funciones y derechos  están determinados en el artículo 318 de la Constitución Nacional, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012.

Una de las funciones constitucionales principales es “Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos”.

Su elección se hace cada cuatro años, junto con la de Gobernadores, Alcaldes, Concejales y Diputados.

La gobernabilidad de los Honorables Ediles y Edilesas, la ejercen en la Comuna y pueden actuar en problemáticas de ciudad, que afecten su territorio.

Las Juntas Administradoras Locales en Santiago están integradas por 9 Ediles en cada Comuna y corregimiento. Sus actividades, funciones y decisiones son respaldadas a través actos  administrativos que se llaman Resoluciones.

Republica de Colombia

LEY 1551 DE 2012 SANCIONADA NUEVA REFORMA MUNICIPAL.docx (60 kB)

FUNCIONES JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 

ARTICULO 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurarla participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.

En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones:

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas.

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.

3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.

4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.

5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio que este mismo determine.

Sentencia de 9 de febrero de 2012

 Expediente. 76001-23-31-000-2005-04162-01(0893-08)

MP. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO.

Acción de nulidad

BOLETIN DEL CONSEJO DE ESTADO No.106 del 23 JULIO DE 2012

www.consejodeestado.gov.co

9. Se niega nulidad del Acuerdo 0135 de 2004, expedido  por  el Concejo de  Santiago de Cali, que suprimió el cargo de director operativo 022 de los Centros de Administración Local Integrada y creó  el cargo de jefe local Codito C 12, por cuanto dicha competencia se encuentra asignada al Alcalde Municipal por normas constitucionales.

Por su parte, el numeral 7º del artículo 315 ibídem determina que son funciones del Alcalde: "Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado". En el sublite si bien es cierto que la lectura desprevenida del artículo 2º del acuerdo acusado 0135 de 2004, denotaría que el Concejo de Santiago de Cali usurpó la atribución del Alcalde de “suprimir” cargos, también lo es que este órgano colegiado no la desconoció por cuanto, en el artículo 14 ibídem, instó expresamente al primer mandatario municipal a que efectuara los ajustes de presupuesto, personal y funciones correspondientes. Es necesario evidenciar que de llegar a declararse la nulidad del artículo 2º del acuerdo 0135 de 2004, con un excesivo rigorismo y sin atender su contexto, porque el Concejo de Santiago de Cali utilizó la expresión “suprímase” el cargo de Director Operativo Código 022, ese pronunciamiento sería inocuo por cuanto el Alcalde, en ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas, eliminó de la administración central esa plaza (decreto 0431A de 2004).

“La Corte Constitucional ha dicho que: En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa. Los instrumentos de participación democrática garantizados en la Constitución no se limitan a la organización electoral sino que se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria”.

«¿Qué es la democracia? Para empezar debemos evitar su iden- tificación con la idea de gobierno de la mayoría. La democracia acarrea ciertas exigencias,…pero también exige la protección de la libertad, el respeto de los derechos dentro del marco legal y la garantía de libertad de expresión, así como no exiusta censura de prensa y que la información pueda circular libremente.»

Sentencia No. C-180/94

DERECHO A TENER INICIATIVA LEGISLATIVA EN LAS CORPORACIONES PUBLICAS.

La posibilidad de tener iniciativa legislativa y normativa ante las diversas corporaciones públicas, tiene la naturaleza de un derecho político fundamental de origen constitucional, atribuido a todo ciudadano, con miras a que pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.  Ciertamente, dentro de los derechos políticos que consagra la Constitución está el de "tener iniciativa en las corporaciones públicas", que se establece además como mecanismo de participación ciudadana.  Este instrumento ofrece a los ciudadanos en ejercicio, a las organizaciones cívicas, sindicales, gremiales, indígenas o comunales del orden nacional, departamental, distrital o municipal o local, la posibilidad de presentar los proyectos de leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que estimen oportunas. Igualmente, la posibilidad de promover iniciativas de carácter legislativo y normativo o de elevar una solicitud de referendo, siempre y cuando se cumpla con  los requisitos que  la ley exija para su ejercicio.